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Evaluación de la gestión pública: Gobierno
Central de Costa Rica periodo 2007-2017
Carlos Carranza Villalobos
Universidad de Costa Rica, Escuela de Administración Pública; San José, Costa Rica.
carlos.carranza@ucr.ac.cr
https://orcid.org/0000-0003-4917-9737
Resumen
La inversión pública contribuye a entender el nivel de crecimiento económico de un país, a través de la participación activa en áreas
estratégicas como la política hacendaría y económica. Al tomar en cuenta que el Estado dispone de recursos limitados, surge la nece-
sidad de contar con efectivos procesos de seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión pública tanto para el cumplimiento
de las metas y objetivos institucionales, como para asegurar la transparencia y el uso eficiente de los recursos públicos. En este
sentido, las autoridades gubernamentales deben tener las herramientas conceptuales y operacionales necesarias en aras de elevar la
propuesta de proyectos estratégicos, así como facilitar la identificación exacta de resultados a través de indicadores de gestión que
permitan a los tomadores de decisiones canalizar la información pertinente vinculada con las prioridades sociales y la disponibilidad
de recursos. En el presente artículo se abordan los principales hallazgos sobre el estudio de las capacidades de 10 Ministerios del
Gobierno Central de Costa Rica; mediante la recolección y análisis de datos tanto cualitativos como cuantitativos para conocer la
incidencia de los proyectos ejecutados por dichas entidades para la construcción del bienestar general, acompañado de la innovación
y emprendimiento de dicha gestión pública.
Palabras clave: Inversión pública, bienestar general, recursos públicos, capacidades institucionales, competitividad.
Abstract
Public investment contributes to understanding the economic growth’s level of a country, through active participation in strategic
areas such as finance and economic policy. Taking into account that the Government has limited resources, the need arises for effec-
tive monitoring and evaluation processes of public investment projects both for the fulfillment of institutional goals and objectives,
as well as to ensure transparency and efficient public resources use. In this sense, government authorities must have the conceptual
and operational tools necessary in order to raise the proposal of strategic projects, as well as facilitate the exact identification of
results through management indicators that allow decision makers to channel the relevant information linked to social priorities and
the availability of resources. This article addresses the main findings on the study of the capacities of 10 Ministries of the Central
Government of Costa Rica; through the collection and analysis of both qualitative and quantitative data to know the incidence of
the projects executed by said entities for the construction of general well-being, accompanied by innovation and entrepreneurship
of this public management.
Keywords: public investment, general well-being, public resources, institutional capacities, competitiveness.
Evaluation of public management: Costa Rica
Central Government period 2007-2017
Referencia/ reference:
Carranza, C., Clerc, N., Madriz, C. (2020).Evaluación de la gestión pública: Gobierno Central de Costa Rica periodo 2007-2017.
Yulök Revista de Innovación Académica, 4 (2). pp.74-97. https://doi.org/10.47633/yulk.v4i2.384
Recibido: 15 de setiembre del 2020 Aceptado:1 de diciembre del 2020
Yulök Revista de Innovación Académica, ISSN 2215-5147, Vol. 4, N.º 2
Julio- diciembre 2020, pp. 74-97
Carranza, C., Clerc, N., Madriz, C. Evaluación de la gestión pública: Gobierno Central de Costa Rica periodo 2007-2017.
Noelia Clerc Gómez
Universidad de Costa Rica, Escuela de Administración Pública; San José, Costa Rica .
noelia.clerc@ucr.ac.cr
https://orcid.org/0000-0003-4917-9737
Christian Madriz Padilla
Universidad de Costa Rica, Escuela de Administración Pública; San José, Costa Rica.
christian.madriz@ucr.ac.cr
https://orcid.org/0000-0001-8723-101X
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Carranza, C., Clerc, N., Madriz, C.Evaluación de la gestión pública: Gobierno Central de Costa Rica periodo 2007-2017.
I. Introducción
El presente artículo expone los principales hallazgos de la
investigación académica llamada: “Gestión pública: un
análisis del rol de las capacidades de las instituciones
públicas” llevada a cabo en el periodo 2010-2016 por do-
centes e investigadores de la Universidad de Costa Rica
con la finalidad de realizar un estudio a profundidad del
estado actual de la inversión pública, específicamente en
las capacidades de inversión pública del sector público
costarricense mediante el análisis de los proyectos ins-
titucionales realizados por 10 Ministerios del Poder Eje-
cutivo de la República de Costa Rica ejecutados entre el
2007 y 2017 enfocados en esta temática, los cuales son:
Ministerio de Hacienda (MH), Ministerio de Ambiente y
Energía (MINAE), Ministerio de Obras Públicas y Trans-
portes (MOPT), Ministerio de Educación Pública (MEP),
Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICITT), Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto (RREE), Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Planifica-
ción y Política Económica (de ahora en adelante MIDE-
PLAN), Ministerio de Economía, Industria y Comercio
(MEIC), Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica
(COMEX) y el Banco Central de Costa Rica (BCCR)
1
.
Se partió de un concepto de capacidades institucionales
tras el fortalecimiento en el área de la competitividad,
sobre la cual resalta la importancia en el presente artí-
culo, donde la inversión pública estratégica se encuentra
inmersa.
Cabe resaltar que estas entidades se consideraron debido
al gran impacto que genera su gestión pública sobre el
crecimiento económico y productividad laboral del país.
En esta misma línea, Carranza y Castillo (2019, p.18)
acotan que las instituciones mencionadas son clave para
el desarrollo socioeconómico costarricense, por lo tanto,
tienen incidencia considerable sobre la competitividad y
el bienestar general de la población. Por lo que, a partir de
este análisis se busca comprender el impacto de la ejecu-
ción de dichos proyectos en la construcción del bienestar
general y la satisfacción de necesidades sociales.
1 Si bien el BCCR no depende del Gobierno Central de la República, por el tipo de política que fiscaliza (política monetaria
y del tipo de cambio del dólar), para esta investigación se considera que esta entidad bancaria influye directamente en la acción del
Gobierno referente a la inversión pública.
2 En forma indirecta la educación contribuye a fortalecer las capacidades económicas sin caer en una visión limitada del tema,
pero es importante su análisis y comprensión.
Asimismo, para esta área de inversión pública hay 3 acto-
res que presentan una interrelación fundamental e influ-
yen en forma directa en esta temática: uno es el Ministe-
rio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN)
por su carácter regulador, el Banco Central de Costa Rica
(BCCR) por los instrumentos propios enfocados con la
política monetaria y crediticia (para la parte de resulta-
dos) y el Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica
(COMEX) porque tiene que ver con el modelo de desa-
rrollo comercial implementado desde los 80 en el país y
es el más importante desde el punto de vista de políticas,
creando condiciones en la matriz de desarrollo nacional.
En palabras de Garretón y Espinosa: “(…) tan importante
como este ejercicio político, es contar con recursos mate-
riales, financieros, productivos y culturales que sustenten
un desarrollo económico, social y político a nivel regio-
nal y local” (2006, p. 14).
Por lo tanto, la medición del impacto real de la ejecu-
ción de estos proyectos en la temática de inversión pú-
blica permite comprender la forma en que los gobiernos
distribuyen los recursos económicos, materiales y capital
humano de alta capacidad disponibles para beneficio de
la sociedad, mediante la atención de demandas de interés
público en áreas estratégicas como por ejemplo: vivienda,
salud, educación
2
, transporte, infraestructura, urbanismo,
servicios básicos como la electricidad y la disponibilidad
de agua potable, promoción de actividades comerciales,
generación de fuentes de empleo y protección al medio
ambiente.
Debido a que la inversión pública estratégica es una va-
riable compuesta por varios factores, entre ellos, la dis-
ponibilidad de recursos, las capacidades estatales para el
desarrollo de proyectos, los actores involucrados en esta
temática y las metas a alcanzar; es necesario enfocar el
estudio hacia un periodo de tiempo específico (2007-
2017) para comprender las decisiones tomadas por los
gobiernos en procura de la construcción de ese bienestar
general, considerando la existencia de factores externos
que influyen en la obtención de financiamiento para eje-
cutar esta inversión.
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Carranza y Castillo (2019) argumentan que este concepto
debe incorporar ciertos criterios o elementos que fomen-
ten la competitividad nacional como, por ejemplo: “(...) la
infraestructura, los puertos, ciertos procesos de educación
y salud pública” (p. 3). Se busca con esto apoyar la defi-
nición de decisiones estratégicas en materia de inversión
pública, debido a que las mismas colaboran “(...) como
fundamento de nuevas formas de crecimiento económico
y de desarrollo social” (p. 3) para los tomadores de deci-
siones y formuladores de planes, proyectos, programas y
políticas públicas en general.
En este sentido, no se debe ignorar los factores externos
de la política económica mundial que influyen en la cap-
tación de recursos para la inversión pública, siendo nece-
saria la existencia de planes de contingencia que permitan
a los gobiernos afrontar con mayor seguridad la continui-
dad de los proyectos de inversión pública cuando existan
períodos de crisis, déficit fiscal o reducción de ingresos;
para así garantizar la construcción del bienestar general a
través de un desarrollo sostenible enfocado a la existencia
de competitividad e innovación para la sociedad. Según
Schumpeter (citado en Alburquerque, 2008) en relación
con el tema de capacidades y nuevas formas de economía:
(...) el desarrollo no es un fenómeno que pueda ex-
plicarse económicamente, porque la economía está
influenciada por los cambios del entorno. Por tal ra-
zón, el autor diferencia el desarrollo económico del
crecimiento de la economía, esto debido a que en
el desarrollo económico se refleja en el incremen-
to de la población y la riqueza, pero sin incorporar
ningún elemento cualitativamente nuevo. Los cam-
bios que trae el desarrollo son endógenos y disconti-
nuos, los cuales generan variaciones en la evolución
económica, pero los cambios endógenos continuos
se relacionan con el crecimiento económico (p. 2).
En Costa Rica se han realizado grandes esfuerzos para sa-
tisfacer dichas demandas, pero como lo indica el Progra-
ma Estado de la Nación, debido a que “(...) los problemas
fiscales impiden una reactivación basada en mayor gasto
e inversión pública, la confianza de consumidores y em-
presarios ha disminuido a niveles mínimos” (2019,
p. 34); ha conllevado a una pérdida de credibilidad en
relación a la capacidad del gobierno costarricense para la
captación de recursos, el cumplimiento de sus propuestas
de trabajo y el uso eficiente de los recursos económicos.
Dichos factores son relevantes para el análisis de la in-
versión pública estratégica porque permiten comprender
la distribución del gasto público y su impacto en la pro-
ductividad y competitividad; destaca en el caso de Costa
Rica que “(...) el gasto del sector público en su conjunto
es dos veces mayor que el gasto que realiza solo el Go-
bierno Central” (Instituto Centroamericano de Estudios
Fiscales, 2007, p. 39).
Dentro del debate costarricense sobre modernización
del Estado, pasa por un adecuado tratamiento el tema de
inversión pública, el cual, no debe ser visto solamente
como reforma política, sino como una reforma económi-
ca y financiera fundamental, acompañada del buen uso
de los recursos y la posibilidad de crear condiciones para
la innovación y el emprendimiento. Una buena inversión
pública bien definida, facilita el desarrollo óptimo de es-
tas condiciones, es necesario el esfuerzo a gran magnitud
que Costa Rica debe realizar para alcanzar esta moderni-
zación y un mejor uso de los recursos con el mayor grado
de optimización.
Por otro lado, cabe aclarar que en un artículo reciente
elaborado por el investigador Carlos Carranza llamado
“Inversión Pública Estratégica: Palanca de Apoyo para
la Competitividad y el Desarrollo”, se abordan elemen-
tos esenciales sobre la inversión pública estratégica y su
importancia en el fortalecimiento de la competitividad y
desarrollo; mientras que la presente investigación se basa
en el análisis de las capacidades de inversión pública de
las instituciones estudiadas entre el periodo 2007 y 2017.
El presente artículo se encuentra estructurado de la si-
guiente manera: la segunda parte abarca la metodología
de abordaje de la temática en investigación de inversión
pública estratégica, la tercera parte expone los principales
aspectos relacionados con la inversión pública mediante
la presentación de la revisión literaria de esta temática.
Los principales hallazgos de las instituciones públicas
estudiadas se expondrán en la cuarta parte y finalmente
se plantea en la quinta parte las principales conclusiones.
II. Metodología
A través de un enfoque mixto el cual consiste en “(...) la
recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualita-
tivos, así como su integración y discusión conjunta, para
realizar inferencias producto de toda la información reca-
bada (metainferencias) y lograr un mayor entendimiento
del fenómeno bajo estudio” (Hernández Sampieri 2014);
se midió la capacidad de inversión pública estratégica de
las 8 instituciones del gobierno central mencionadas an-
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Carranza, C., Clerc, N., Madriz, C.Evaluación de la gestión pública: Gobierno Central de Costa Rica periodo 2007-2017.
teriormente, a través del análisis de los proyectos ejecu-
tados de inversión pública durante el periodo 2007-2017
y los resultados obtenidos a partir de su ejecución. La
siguiente matriz expone las variables de investigación
usadas junto con las definiciones conceptuales, operacio-
nales e instrumentales respectivamente:
Tabla 1. Metodología aplicada durante la investiga-
ción
Fuente: Elaboración propia
III. Revisión literaria
Para este apartado, se presentan los principales hallazgos
de los documentos de alto aporte consultados en la inves-
tigación de los años 2007-2017 tanto a nivel nacional de
Costa Rica como a nivel internacional, con el propósito
de relacionar la literatura existente con el estado actual de
la inversión pública de Costa Rica, la cual no se desliga
de los factores externos que influyen en la evolución de
esta temática a nivel latinoamericano.
Variables Tipo de variable Denición conceptual Denición operacional Denición instrumental
Inversión
pública
Multidimensional,
variables de razón
(continuas)
Un Proyecto de Inversión es el
grupo de procedimientos y acti-
vidades planeadas y relaciona-
das entre sí que permiten llevar
a cabo una inversión pública y
cuyos elementos están ligados
como una unidad funcional (MI-
DEPLAN, 2009).
Total de proyectos inscritos
en Banco de Proyectos de
Inversión Pública (BPIP) del
MIDEPLAN para cada una
de las instituciones entre los
años 2007 y 2017.
El gasto de capital en millo-
nes de colones constantes
reportados por la Secretaria
Técnica de la Autoridad Pre-
supuestaria del Ministerio de
Hacienda (STAP) para cada
una de las instituciones
Revisión del Banco de
Proyectos de Inversión Pú-
blica.
Estudio de informes nan-
cieros del Ministerio de
Hacienda
Inversión
pública
estraté-
gica
Unidimensional
nominal
Son aquellos proyectos de inver-
sión pública alineados con algún
instrumento de planicación.
Número de proyectos inscri-
tos en el BPIP que se auto-de-
terminan estar alineados con
su respectivo Plan Nacional
de Desarrollo.
Análisis de estados nan-
cieros de las instituciones
involucradas.
Entrevistas con los actores
involucrados.
Conti-
nuidad o
discon-
tinuidad
de la
inversión
pública
Multidimensio-
nal, nominal y de
razón
Muestra si la inversión pública
en la institución en particular ha
sido continua, ha disminuido o
se ha frenado del todo.
Valoración del número de
proyectos inscritos en el BPIP
según su Estado (activo, sus-
pendido, eliminado, cancela-
do, etc.) para los años 2007
– 2013.
Se determina la evolución
del gasto de capital registra-
do ante la (STAP), tanto en
términos absolutos como en
términos relativos a su gasto
en general y a su presupuesto
anual.
Entrevistas con los funcio-
narios encargados de pro-
yectos de inversión públi-
ca.
Revisión de planes y pre-
supuestos institucionales
Capaci-
dad de
Inversión
Pública
Estraté-
gica
Multidimensional
Consiste en la conjunción de las
variables 1, 2 y 3 para determi-
nar la capacidad de inversión pú-
blica estratégica de las 9 institu-
ciones del sector público central
que se encuentran bajo estudio.
Ranking de las instituciones
según las variables uno, dos y
tres de esta matriz.
Entrevistas con las auto-
ridades del Ministerio de
Hacienda.
Revisión de informes con-
tables y nancieros sobre
los proyectos.
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En lo que respecta a la definición de inversión pública,
la Dirección Nacional de Presupuesto de Chile, en siglas
DIPRES (como se mencionó en Pacheco, 2010), define la
inversión pública como “(...) el aporte del Sector Público
al aumento del stock de capital en la sociedad, expan-
diendo las posibilidades de producción y de ingreso a ella
por medio de un gasto que debe ser eficiente, eficaz y de
calidad” (p. 10).
De esta forma, es fundamental la capacidad institucional
del Estado para designar la cantidad y el uso de recursos
disponibles para realizar la inversión pública de forma
exitosa y equitativa, mediante el estudio a profundidad de
la medición de los ingresos y gastos gubernamentales, el
fortalecimiento de áreas estratégicas del bienestar general
(vivienda, salud, educación, infraestructura, transporte,
entre otros) y la identificación de los actores beneficia-
rios directos e indirectos de la ejecución de esta inversión
pública para el desarrollo a nivel nacional.
Milton von Hesse de la Universidad del Pacífico de Lima
Perú (2001), acota que este concepto “(...) ha sido tradi-
cionalmente una variable de ajuste de las cuentas fiscales
(...) [siendo] parte fundamental de un plan de estímulo
económico en el contexto de la implementación de una
política fiscal contracíclica” (p. 4); lo que implica que la
inversión pública se ve influenciada por la disponibilidad
de recursos monetarios para la ejecución y puesta en mar-
cha de los proyectos y planes que los Gobiernos deseen
implementar como parte de su gestión pública.
En virtud de ello, toda recaudación monetaria constituye
un estímulo económico para los gobiernos, debido a que
se suman los recursos disponibles para hacerle frente a
las obligaciones gubernamentales en materia de obra pú-
blica, que permite mejorar la calidad de vida ciudadana.
Ahora bien, cuando se habla de la inversión pública estra-
tégica se refiere a la búsqueda del fortalecimiento del va-
lor público y el bienestar general a través de la asignación
de recursos presupuestarios destinados a vivienda, salud,
educación, transporte, energía, telecomunicaciones, am-
biente, empleo, comercio, industria, economía, etc. Para
alcanzar una inversión pública estratégica, si se considera
que en el presente las demandas sociales son ilimitadas y
los recursos con los que cuentan los gobiernos para satis-
facer dichas necesidades son limitados e impiden mejorar
la gobernanza y la gobernabilidad, es necesario entonces
el deber de la realización de esfuerzos de gran magnitud
enfocados a mejorar dicha inversión para que la misma
sea vista como una herramienta fundamental en este pro-
ceso. Bonari y Gasparin acotan al respecto:
La articulación entre los planes de gobierno y la asig-
nación de recursos constituye el núcleo de la gestión en
el nivel meso de la administración pública. Para admi-
nistrar los recursos sobre la base de resultados, es ne-
cesario tener presente un marco lógico que contemple
al menos los siguientes elementos: recursos (físicos y
monetarios), actividades, productos y resultados e im-
pactos esperados, así como indicadores (2014, p. 7).
Por ende, las instituciones públicas deben hacer uso efi-
ciente de los recursos disponibles, sin hacer distinción
del método de financiamiento elegido; de lo que resulta
necesario como lo acota la CEPAL (2003, p. 27): (...) un
flujo de recursos que se relaciona con una política pública
determinada, que parte por la fijación de objetivos de ca-
rácter estratégico, que utiliza recursos humanos, moneta-
rios e institucionales, entre otros, para el cumplimiento de
los programas y que finalmente se expresa en proyectos
ejecutados que redundan en bienes o servicios que son
transferidos a la población.
Esto significa que la inversión pública estratégica debe
complementarse con la existencia de proyectos de inver-
sión, los cuales son el grupo de procedimientos y activi-
dades planeadas y relacionadas entre sí que permiten lle-
var a cabo una inversión pública y cuyos elementos están
ligados como una unidad funcional. Al respecto, dichos
proyectos permiten brindar una solución completa a una
necesidad o requerimiento social y permiten dar inicio al
desarrollo o mejorar la prestación de un servicio o dili-
gencia pública.
Igualmente, si existen canales de comunicación acerta-
dos entre los actores pertenecientes a esta temática (sec-
tor público, sector privado, sociedad civil, entre otros) y
mejores formas de plantear el tema de inversión pública;
se pueden establecer con mayor seguridad las fuentes
de financiamiento requeridas para ejecutar dicha inver-
sión pública, respondiendo a las siguientes interrogantes:
¿Para qué se va a utilizar? y ¿Cuáles son los rendimientos
económicos, sociales y políticos?
Lo anterior lleva a analizar la existencia en el futuro de la
inversión pública, de 3 variables necesarias para la buena
marcha de los proyectos, planes, programas y políticas
públicas diseñadas en esta área: primeramente, si un pro-
grama de inversión pública es bueno, en segundo lugar,
si se proporcionan réditos sociales a diferentes grupos so-
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ciales de la población y en tercer lugar si se puede tener
réditos económicos para que el crecimiento económico se
presente en forma continua.
En el caso de Costa Rica, entre la década de los años 50 y
80 se presentó un crecimiento país semejante a los países
desarrollados, pero no se continuó con dicho crecimien-
to en esta temática por la incidencia de eventos externos
(que se explicarán más adelante en el apartado “El ciclo
de crecimiento económico y de inversión pública” de este
artículo) que repercutieron en la incapacidad de respon-
der a las interrogantes del uso de las fuentes de finan-
ciamiento buscadas y los rendimientos esperados; siendo
necesario replantear cuáles son las metas y objetivos a
alcanzar en esta temática con los recursos disponibles.
Spence (2015), plantea que la importancia de definir
adecuadamente el rumbo a seguir de la inversión pública
consiste en que facilita en gran medida el impulso de un
adecuado “(...) desempeño económico: generan deman-
da agregada rápidamente, alimentan el crecimiento de la
productividad al mejorar el capital humano, fomentan la
innovación tecnológica y estimulan la inversión del sec-
tor privado al aumentar los rendimientos” (2015, párr.
10); sin dejar de lado el hecho que la inversión no so-
lucionará en su totalidad las brechas de demandas pero
“(...) sí puede acelerar la recuperación y establecer patro-
nes de crecimiento más sostenibles” (párr. 10).
A pesar de la existencia de fuertes limitaciones fiscales,
financieras, políticas o de cualquier índole; el Foro Eco-
nómico Mundial es claro en enfatizar que la inversión
debe posicionarse en primer lugar tanto en el proceso de
toma de decisiones como en la planificación institucional,
al involucrar en gran medida a todas las partes relaciona-
das con esta temática (actores públicos, sector financiero,
sociedad civil, sector empresarial, actores privados, entre
otros) tal y como se indica a continuación:
Las reformas orientadas a aumentar la flexibilidad
de una economía siempre son difíciles –más aún
en tiempos de escaso crecimiento–, porque requie-
ren eliminar protecciones de los intereses creados
en el corto plazo para lograr una mayor prosperi-
dad en el largo plazo. Considerando esto, resulta
fundamental encontrar maneras de impulsar la de-
manda para facilitar las reformas estructurales en
las economías relevantes (Spence, 2015, párr. 7).
En síntesis, las reformas explicadas tienen una gran im-
portancia en cuanto a la definición del rumbo de inver-
sión pública refiere, pero resulta necesario que cuenten
con una orientación al desarrollo económico y no sólo a
hacer cambios a corto plazo pues estas deben conducir a
un mejoramiento de las capacidades de inversión pública
a mediano y largo plazo, para así fortalecer las nuevas
posibilidades de la economía, las cuales pueden cambiar
el enfoque de gobernanza, pero lo fundamental es que el
desarrollo sea el tema central.
Al respecto la OCDE (2018) hace énfasis en una lista de
recomendaciones emitidas para Costa Rica, a partir de
los hallazgos obtenidos del estudio económico llevado a
cabo por este Organismo Internacional, en aras de obte-
ner ese desarrollo como tema central de planificación y
organización, las cuales son: reducción del déficit fiscal
y el gasto público, simplificación del régimen laboral del
sector público, disminución de la intervención del mer-
cado de divisas, unificación de los sistemas de depósitos
de seguros para todos los bancos, implementación de un
plan para combatir el empleo informal, mejoramiento de
los resultados educativos a obtener, así como la coordi-
nación entre los diferentes organismos de obras públicas
especificando sus competencias y otorgando el control
general a un solo organismo director (p. 30).
IV. Resultados
El ciclo de crecimiento económico y de inversión
pública
En cuanto a la evolución que ha tenido la inversión públi-
ca en los últimos años, Méndez y Muñoz (1996), indican
que en los años sesenta se dio una tendencia hacia la “(...)
promoción del desarrollo basadas en la industrialización
de la economía; en especial una política de incentivos a
la sustitución de importaciones bajo el marco protector
de la integración centroamericana” (p. 3), promoviendo
un crecimiento en el sector público y la existencia de in-
fraestructura para el sector privado. En los años setenta
el gobierno “(...) intervino directamente en la producción
de bienes y servicios no públicos, mediante el estableci-
miento de empresas propias” (p. 3) gracias a ese creci-
miento presentado en el siglo pasado.
Para la década de los ochenta, el país se ve afectado por
la crisis económica de la época más conocida como la
“crisis de deuda externa”, la cual debió ser enfrentada
por varios países en desarrollo y “(...) se caracterizó por
un acceso limitado a nuevos fondos externos, un aumen-
to significativo de las tasas de interés internacionales y
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un desmejoramiento de los términos de intercambio que
afectaron la atención de las obligaciones financieras con
el exterior” (Méndez y Muñoz, 1996, p. 3); lo que perjudi-
có las actividades comerciales de países latinoamericanos
y de Costa Rica, las mismas llevaron a un decrecimiento
económico que impactó enormemente el empleo, gasto
interno gubernamental, los préstamos bancarios, las tasas
de inflación y por ende la inversión pública nacional.
Asimismo, dicha crisis propició la existencia de falencias
que impactaron en la disponibilidad de recursos para edu-
cación, infraestructura y salud por un largo periodo de
tiempo y el retraso en la inversión pública, la cual fue
baja en esos años; a pesar que la política de estímulos a
nuevas formas de producción permitió diversificar el mo-
delo productivo costarricense impulsado por el COMEX.
Al respecto, la CEPAL acota que:
Entre 1980 y 1982 el PIB disminuyó en casi un 10% y
el nivel de la producción real se redujo a cifras simila-
res a las que se tenían antes de 1977. En consecuencia,
el ingreso nacional bajó en un 22%, con lo que el in-
greso per cápita se contrajo en más de una cuarta par-
te durante ese breve período. (Villasuso, 2000, p. 8).
Como se observa en el siguiente gráfico, la disminución
del PIB durante el periodo citado conllevó a que la contri-
bución de los factores de productividad y crecimiento del
PIB disminuyeran a un -1,7%, esto debido a que “(...) las
condiciones del mercado laboral durante ese periodo de
crisis disminuyeron las posibilidades de un uso óptimo de
estos recursos, al punto que su contribución fue negativa”
(Mesalles y Céspedes, 2009, p. 211)
Ante esta situación, como acotan Méndez y Muñoz (1996,
p. 3), Costa Rica implementó medidas para estabilizar
la economía nacional con el propósito de minimizar las
consecuencias de esta crisis económica mundial “(...) que
procuraron eliminar las distorsiones internas y aumentar
la eficiencia en el uso y en la asignación de los recursos
en un nuevo marco de apertura al exterior”. He aquí la
importancia de la oportuna intervención estatal ante estos
eventos, para mitigar en la medida de lo posible los im-
pactos que genera una crisis en el crecimiento económico
y social de un país.
Gráfico 1. Variación del PIB en Costa Rica periodo 1960 – 2000. Fuente: Mesalles y Céspedes (2009).
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Mesalles y Céspedes (2009) acotan que ante la presen-
cia de esta crisis financiera, se dio una reducción signi-
ficativa en la productividad total de factores (PTF)
3
y
ratifica lo citado en líneas anteriores sobre la reducción
de productividad, debido a que hay menor oportunidad
de invertir en capital y trabajo cuando existe una crisis.
El siguiente gráfico refleja esa reducción del PTF durante
la crisis de los años 80 y su recuperación en el momento
que el gobierno toma las acciones requeridas:
Datos del Banco Interamericano de Desarrollo (como se
citó en Beverinotti, 2016), plantean el cambio del modelo
económico llevado a cabo por Costa Rica para promover
las exportaciones, estabilizar la macroeconomía y fomen-
tar la intervención del sector privado, tal y como se acota
en las siguientes líneas:
(...) se firmaron dos Programas de Ajuste Estructu-
ral
4
con el Fondo Monetario Internacional (FMI),
los cuales incorporaban un paquete de medidas en-
focadas en contraer el déficit fiscal y la deuda ex-
3 “(...) diferencia entre la tasa de crecimiento de la producción y la tasa de crecimiento medio de los factores para obtenerla”
(Generalitat de Catalunya, 2019).
4 Respecto a los Programas de Ajuste Estructural (conocidos como PAE) citados, no se cumplió con la totalidad de objetivos
planteados, por lo que no se logró hacer una inversión pública adecuada. Aunque se cambió el modelo de gestión, tenía que ir acompa-
ñado de un adecuado uso de política pública de apoyo con política pública de inversión y no solamente considerar al sector privado.
terna del BCCR, así como el asesoramiento en ma-
teria de crecimiento económico. Este modelo de
promoción de exportaciones dio inicio a la apertura
comercial, la cual vino a reducir el nivel promedio
de aranceles, pasando de un 53% en 1985 a 16,4%
en 1987. (...) Asimismo, esto se acompañó con la
creación de un sistema de zonas francas que permi-
tiría atraer grandes compañías extranjeras (p. 22).
A partir del año 1983 hasta la década de los noventa, se
empieza a dar una recuperación de los gastos y bienes de
capital “(...) de manera que la formación de capital fijo se
ha constituido en uno de los componentes más dinámicos
de la demanda agregada de los últimos años, hasta llegar
a representar un 27% del PIB en 1993” (Méndez y Mu-
ñoz, 1996, p. 5); incrementando así la confianza del sec-
tor privado para la posibilidad de invertir en actividades
comerciales en suelo costarricense gracias a la estabiliza-
ción económica y comercial.
Gráfico 2. Variación de la Productividad Total de Factores (PTF) periodo 1958 – 2008. Fuente: Mesalles y Céspedes (2009).
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Sin embargo, Costa Rica empieza a experimentar una
disminución en la inversión pública, específicamente en
el desarrollo de obra pública, tanto por la reducción del
recurso presupuestario ante la presencia de la crisis eco-
nómica como por la ausencia de una definición clara de
políticas públicas, como por “(...) los esfuerzos de con-
tención fiscal y el cambio de orientación del papel del
estado en la economía” (Méndez y Muñoz, 1996, p. 7).
Esta dinámica económica provocó un rezago en la mo-
dernización del país a nivel urbano, vial y de infraestruc-
tura tal y como se indica a continuación:
(...) Los resultados fueron en general rápidos y exito-
sos en cuanto a la estabilidad económica y en grado
apreciable en cuanto a la recuperación de la produc-
ción y de la inversión y se vieron apoyados, ya en
la presente década, por desarrollos externos como la
reincorporación a los mercados financieros interna-
cionales y la influencia de importantes flujos de ca-
pitales desde el exterior que, aunque condicionaron
en alguna medida la gestión de la política económica,
hicieron resurgir la producción y el gasto y en algún
grado la inversión. No obstante, prevalecen todavía
desbalances económicos importantes en el ámbito
fiscal y externo que tienden a traducirse en alguna
inestabilidad económica y en altas tasas de interés
reales que podrían afectar en alguna medida la inver-
sión del sector privado (Méndez y Muñoz, 1996, p. 3).
El siguiente gráfico evidencia el comportamiento históri-
co del PIB costarricense desde la década de los 80 hasta
el año 2008, el cual presenta un déficit cercano al -5% en
el año 1983 que revela el impacto de esta crisis financiera
en la liquidez bancaria y la inflación costarricense, la cual
tomó un periodo extenso de tiempo para su recuperación:
De forma análoga, en el año 2008 surge la crisis finan-
Gráfico 3. Variación del PIB en relación a la deuda pública período 1983 – 2008. Fuente: Mesalles y Céspedes, con datos del Banco
Central de Costa Rica (2009)
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ciera del sector inmobiliario estadounidense, debido al
incremento desordenado de préstamos bancarios para
adquirir vivienda y provocó un desequilibrio financiero
mundial, el cual Costa Rica no pudo evitar. Ulate y Soto
(2013) enfatizan al respecto que los países en desarrollo
de ese año, incluido Costa Rica, no valoraron la posibi-
lidad de que podrían verse afectadas sus economías, de-
bido a que no existía una unión financiera muy estrecha
a la posesión de estos bienes inmuebles llamados en ese
momento “activos tóxicos”. El panorama varió en el mo-
mento que el mercado internacional aumentó el precio de
las materias primas denominadas “commodities”, “(…)
sin que lo justificara ningún cambio en la estructura de
estos mercados, sino más bien como consecuencia de la
corrida de los inversionistas que dejaron los activos fi-
nancieros en ese momento riesgosos y se movieron hacia
los bienes primarios” (p. 15).
El impacto en la economía costarricense se vio reflejado
a través de una reducción del Índice Mensual de Acti-
vidad Económica (IMAE)
5
a un -6% producto de dicha
crisis, afectando de forma directa a los sectores de cons-
trucción, industria manufacturera, comercio, hotelería
y agropecuario, aumento en el precio del petróleo y de
materias primas. Adicionalmente, las tasas de interés in-
crementaron a nivel local de este país centroamericano y
se redujeron los créditos a nivel mundial, llevando a un
incremento de desaceleración económica y desigualdad
social (Moya y Henríquez, 2020)
6
.
El BID acota al respecto que ante la existencia de una
crisis financiera, cuyas consecuencias inciden en la re-
ducción de oportunidades favorables para el crecimien-
to económico y el fortalecimiento del sistema fiscal, en
América Latina se ejecutaron grandes esfuerzos para
continuar con la inversión pública durante los últimos
15 años, contrario a lo que se esperaría que se realizara
ante la evidencia de una crisis que es reducir el gasto:
“Al comparar los períodos 2002–06 (antes del máximo
del boom) vs. 2012–16 (luego del boom), se observa que
5 El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) es un indicador de corto plazo que tiene como finalidad aproximar la
evolución del valor bruto de producción (VBP) a un determinado mes para las diferentes industrias que conforman el Producto Interno
Bruto (PIB) a precios básicos (BCCR, 2012, p. 2).
6 Este ejemplo fue tomado de los profesores Mauricio Moya Coto y Miguel Henríquez Maroto del curso PC-0341 Administra-
ción Financiera II, de la carrera de Contaduría Pública de la Escuela de Administración de Negocios de la Universidad de Costa Rica.
7 Este plan se fundamenta sobre cuatro pilares, establecidos por el Gobierno de turno, que representan los destinatarios de las
medidas del Gobierno: las familias, los trabajadores, las empresas y el sector financiero. Esta división responde a la influencia directa
de la crisis financiera sobre todas las personas, pero a cada grupo de manera particular (Arias, 2009, p. 2).
la inversión pública de América Latina ha crecido (...) de
un 2,8% a un 3,9% del PIB” (Armendáriz y Carrasco,
2019, p. 11). Lo anterior evidencia que “(...) Dadas las
condiciones económicas externas, factores internos como
la inversión pública se vuelven más relevantes para im-
pulsar el crecimiento económico” (Armendáriz y Carras-
co, 2019, p. 1).
Para el caso costarricense, entre las medidas tomadas
durante la Administración Arias Sánchez, se utilizó una
estrategia muy clara que se expresa en el Plan Escudo
7
,
el cual buscaba la ampliación de la inversión pública en
materia de infraestructura, empleo público, salud y edu-
cación. Sin embargo, hay que señalar que en el caso del
crecimiento del empleo en instituciones como el ICE y
algunas del Gobierno Central causa un déficit a media-
no plazo debido a que (...) entre los años 2010- 2015, el
desbalance financiero promedio del Gobierno Central fue
de 5,1% respecto al PIB. Este valor es significativamen-
te mayor al promedio de los últimos 40 años (3,25%) y
ha venido aumentando en forma sostenida desde el 2009,
luego de dos años consecutivos de superávits fiscales
(Beverinotti, 2016, p. 7).
La experiencia en esos años demuestra que la inversión
era importante, pero había que establecer de forma más
clara sobre cuáles eran los objetivos prioritarios para
orientarla de acuerdo a las necesidades de inversión públi-
ca del país, proceso que no se realizó de forma completa
en las 2 Administraciones siguientes (Chinchilla Miranda
periodo 2010-2014 y Solís Rivera periodo 2014-2018).
Dichos eventos refuerzan la incapacidad del gobierno
costarricense para solventar el déficit económico, el cual
ha crecido en los últimos 40 años “(...) de la mano de un
menor crecimiento económico y un mayor crecimiento en
el nivel de deuda” (Beverinotti, 2016, p. 7).
Al considerar la información analizada por la Base de
Datos del Gasto en Inversión Pública de América Latina
(BDD-GIPAL) del Banco Interamericano de Desarrollo
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(BID) en la temática de inversión pública, la cual tiene
como función extraer datos históricos del gasto público
en dicha materia en América Latina desde el año 2000
hasta el 2016, se destacan los siguientes hallazgos:
En América Latina la inversión pública sigue siendo
relevante en la agenda de desarrollo económico, puesto
que: i) persisten altas brechas de inversión con respec-
to a regiones emergentes y ii) existe evidencia de que
las brechas de inversión de América Latina se traducen
en brechas de productividad. (...) Si bien la evidencia
es mixta, diversos estudios indican que la inversión en
infraestructura, donde América Latina muestra gran-
des brechas, tiene efectos positivos en el crecimiento
económico, así como en la reducción de la desigual-
dad del ingreso (Armendáriz y Carrasco, 2019, p. 3).
Todo lo expuesto con anterioridad, ratifica los impactos
positivos tanto para la sociedad civil como para la ges-
tión de las entidades públicas, que brinda una correcta
ejecución de la inversión pública estratégica acompañada
de la asignación efectiva de los recursos, el estudio pre-
vio de las brechas existentes, la contratación del personal
capacitado necesario para la ejecución de proyectos y la
obtención del financiamiento requerido.
A pesar de que se presenten periodos de recesión o crisis
que afecten de forma general la economía de un país e
impacte el dinamismo del entorno económico, comercial
y de inversión, ya sea a través del alza de los precios o de
las tasas de interés o de la disminución de opciones eco-
nómicas de financiamiento, no debe postergarse la inver-
sión pública estratégica aunque la misma tenga periodos
de crecimiento bajo, moderado o alto según los factores
externos que inciden en la consecución de los proyectos
en esta temática.
De acuerdo con la información proporcionada por el
BID, en Costa Rica se presenta una inversión promedio
del 1.99% del PIB en el periodo 2007-2016; siendo des-
tacable la evolución del gasto total en inversión pública
ha mostrado un comportamiento creciente en el periodo
comprendido del 2007 al 2016 pasando de $430.960.000
en el 2007 a $1.315.000.000,41 en el año 2016. Se puede
percibir que el PIB aumenta entre los años 2007-2008,
pero luego decrece del 2010 al 2012 y vuelve a estabili-
zarse aproximadamente en el año 2013. Esto evidencia
que se ha presentado una lenta recuperación económica
dado que este problema se ha heredado gobierno tras go-
bierno y no se han generado las políticas claras en in-
versión pública, por lo que no es posible crear fuentes
de empleo y gastar recursos sin planificar, sino que debe
haber una orientación hacia áreas estratégicas definidas,
tal y como se observa en el gráfico adjunto:
Es importante destacar que las Entidades Públicas son
quienes más ejecutan la inversión pública representando
un 73.93% de la inversión total, mientras que el Gobier-
no Central ejecuta un 16.18% de la inversión total y por
último las Municipalidades representan un 9.89% de la
inversión total, como se aprecia en el siguiente gráfico:
Gráfico 4. Evolución del gasto total en inversión pública de Costa Rica periodo 2007 – 2016. Fuente: Banco Interamericano de
Desarrollo (2020)
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Esto lleva a analizar las áreas específicas donde se realiza
la inversión pública en Costa Rica, donde destaca la in-
versión dada en otras temáticas no señaladas por el BID
equivalente a un 33,71% de la inversión total (franja
roja), en la temática de transporte con un 31.26% de la
inversión total (franja gris claro), en vivienda se ejecu-
ta un 11.22% de la inversión total (franja azul gris), en
salud un 7.62% de la inversión total (franja gris oscu-
ro), en educación un 7.35 % de la inversión total (franja
rosa) y en seguridad 5.36% de la inversión total (franja
amarilla); y se identifica una inversión menor en áreas
como ejemplo: servicios públicos (1.63% de la inversión
total representada en la franja verde oscuro), cultura
(0.88% de la inversión total representada en la franja
verde pastel), protección social (0.56% de la inversión
total representada en la franja coral) y medio Ambiente
(0.41% de la inversión total representada en la franja ce-
leste), como se revela en el siguiente gráfico:
Gráfico 6. Porcentaje de inversión pública total de Costa Rica
clasificado por función Fuente: Banco Interamericano de De-
sarrollo (2020).
En resumen, la inversión pública estratégica debe ser
balanceada, la década de los 80, 90 y los primeros años
del siglo 21 nos indican que el balance estuvo fortalecido
hacia la estrategia de comercio exterior, lo cual es necesa-
rio para alcanzar mayores niveles de crecimiento y com-
petitividad, pero la otra palanca que no hay que olvidar
en este esfuerzo son los sectores como infraestructura y
educación, los cuales debieron ser importantes pese a las
contenciones de gasto y los Programas de Ajuste Estruc-
tural, sin embargo, no tuvieron todo el peso requerido.
Gráfico 5. Porcentaje de inversión pública total de Costa Rica clasificado por institución ejecutora. Fuente: Banco Interamericano de
Desarrollo (2020).
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Por otra parte, se mantienen las cifras de salud pero no
ocurre lo mismo con las cifras de mejoramiento de la
parte nutricional, asimismo, los niveles de diferenciación
urbana y de pobreza se han mantenido por más de 30 años
en un 20%
8
, con impactos negativos, acompañado de una
escasa infraestructura pese al proceso de concesión de
obra pública. De igual forma, en este periodo no se com-
plementaron los 2 tipos de inversión pública necesaria (la
tradicional y la estratégica), la que ayuda a la competitivi-
dad y la que fortalece esa competitividad como es el desa-
rrollo social como factor fundamental. Sánchez, Lardé et
al., indican que una de las causas de estas falencias identi-
ficadas “(...) son los bajos niveles de la inversión pública
y privada en el sector de infraestructura o, mejor dicho, la
brecha existente entre los niveles actuales de inversión y
las necesidades de la economía” (2017, p. 7).
De aquí resulta necesario decir que los Gobiernos no de-
ben omitir los errores cometidos y hechos relevantes del
pasado explicados en este apartado, debido a que si no se
corrigen las consecuencias que los mismos han generado
en la actualidad, seguirán impidiendo que se presente una
mejora en la inversión pública estratégica, y el impacto
negativo en el desarrollo económico y social en vista de
que la competitividad desempeña un rol preponderante
hacia un desarrollo sostenido que influya en el bienestar
de la población y los actores involucrados.
Estado actual de la inversión pública en Costa Rica
periodo 2007-2017
Una vez comprendido los antecedentes de la inversión
pública costarricense, cabe enfatizar que el Gobierno
Central es un actor fundamental en la definición de prio-
ridades de inversión pública delimitando el rumbo de la
acción estatal. Entre los roles que este actor debe cumplir
para la gestión de la inversión pública estratégica están
los siguientes: el rol de catalizador de recursos, relacio-
nado con la asignación y gestión de recursos a las ins-
tituciones para la atención de las demandas sociales en
beneficio de la sociedad, el rol ejecutor de la inversión
pública para el apoyo de los procesos institucionales de
planificación y de toma de decisiones, y el rol fiscaliza-
8 De acuerdo a las investigaciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), se expone que en Costa Rica, el
porcentaje de hogares en condición de pobreza, según el método de Línea de pobreza, se ha mantenido cercano al 20% desde la década
de los noventa. Para el año 2015, la pobreza total fue de 21,7%, mientras que la pobreza extrema fue de 7,2% de los hogares del país
(2015, p. 9); reafirmando lo expuesto en este artículo científico.
9 Se debe reconocer el esfuerzo de la Administración Alvarado Quesada para empezar a plantear el tema por medio de la apro-
bación en el año 2018 de un reglamento de inversión pública llevado a cabo por el MIDEPLAN, pero los instrumentos con los que se
dor el cual facilita el control, la evaluación y la rendición
de cuentas a la ciudadanía.
Se afirma entonces que el Estado es un proveedor, es de-
cir, es aquel que da los recursos esenciales para el buen
funcionamiento del mercado y el aprovechamiento re-
querido de la inversión pública necesaria para el alcance
de bienestar general (Carranza y Castillo, 2019). Tanzi
(2000) indica en relación a estos roles, que en el presen-
te siglo el Estado ha incorporado funciones económicas
como por ejemplo: “(...) i) redistribución del ingreso, ii)
estabilización de la actividad económica, y iii) promo-
ción del crecimiento económico y del empleo” (p. 9); las
cuales han adquirido importancia en la ejecución de po-
líticas económicas de los últimos 50 años y deben acom-
pañarse de la normativa y la presencia institucional co-
rrespondiente para alcanzar una economía balanceada, un
marco jurídico equitativo, una macroeconomía estable, la
existencia de bienes y servicios accesibles para todos los
ciudadanos y una distribución del ingreso acorde a lo de-
mandado por la sociedad (p.10).
Tomando en cuenta la normativa costarricense, la inver-
sión pública es definida de 2 formas; la primera corres-
ponde al Reglamento General del Sistema Nacional de
Planificación N° 37735-PLAN:
Conjunto de recursos públicos destinados a mantener
o incrementar el capital físico y humano que cada insti-
tución pretende ejecutar con sujeción a las metas y a las
políticas enunciadas en los instrumentos de planifica-
ción vigentes. (Así reformada la definición anterior por
el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 38321 del 12 de
marzo del 2014) (Presidencia de la República, 2014).
La segunda definición corresponde al Reglamento para la
Constitución y Funcionamiento del Sistema Nacional de
Inversión Pública N° 34694-PLAN-H
9
, el cual define este
concepto de la siguiente forma:
Conjunto de recursos de origen público, destinado a
mantener o incrementar el capital físico y humano que
cada institución pretende ejecutar, como parte de las
políticas enunciadas en el Plan Nacional de Desarro-
llo, que proporcione la ampliación de la capacidad de
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producción de bienes y servicios, con fundamento en
una metodología que faculte su identificación, ejecu-
ción y evaluación (Presidencia de la República, 2008).
Conforme la síntesis de lo anteriormente expuesto
10
, es-
tas definiciones de inversión pública coinciden en que
se considera al capital físico y humano como elementos
que forman parte de la misma y al mismo tiempo se es-
tablece que esta variable corresponde al desembolso con
fines productivos que implementa el Estado para cumplir
con sus metas de carácter público. Por lo tanto, se puede
afirmar que la inversión pública se centra en la asigna-
ción de recursos por parte de las entidades públicas con
la finalidad de mejorar la situación país mediante la gene-
cuenta no son los idóneos para medir todos los elementos de la inversión pública.
10 La normativa explicada no es suficiente para conocer la realidad costarricense en la temática de la inversión pública, en vista
de que, si no se cuentan con los indicadores de gestión cuantitativos y cualitativos adecuados, no se cuenta con herramientas para me-
dir el buen funcionamiento de la inversión pública en el país. Dichos reglamentos no son un fin en sí mismos, es necesario contar con
indicadores adecuados que aporten una mayor claridad en la inversión pública y complementen la normativa existente.
11 En un principio, se pensó dentro de la investigación realizada asignar una ponderación a cada una de las instituciones evalua-
ración de bienes y servicios, a través de la generación de
esfuerzos institucionales que conduzcan hacia un nuevo
paradigma de inversión pública y al mismo permita a las
instituciones públicas alcanzar sus metas planteadas en
los planes institucionales en procura del fortalecimiento
de su gestión pública.
Una vez analizado el contexto general de la inversión pú-
blica, es necesario el análisis del estado actual de la insti-
tucionalidad pública de Costa Rica en esta temática, para
comprender a profundidad el rol de los actores involucra-
dos. Para ello, se expone la siguiente clasificación de los
Ministerios evaluados
11
a partir de la elaboración de un
Figura 1. Actores relevantes en materia de inversión pública. Fuente: elaboración propia con base en artículo científico “Inversión
pública estratégica: Palanca de apoyo para la competitividad y desarrollo” de Carlos Carranza y Silvia Castillo (2019).
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esquema donde se clasifica a los mismos en tres subgru-
pos los cuales son: los actores involucrados en materia
hacendaria y política económica, los actores estratégicos
en la inversión pública y finalmente los actores toma-
dores de decisión e influyentes en la inversión pública.
Cabe destacar, que cada uno de ellos se encuentra confor-
mado por actores con rasgos comunes que desempeñan
un rol específico en el desarrollo económico y produc-
tividad a nivel nacional. Lo anteriormente expuesto se
presenta en el siguiente esquema.
El contexto de la inversión pública en Costa Rica pe-
riodo 2007-2017
La inversión pública está inmersa en un marco normativo
para su regulación; para efectos de este estudio, se toma-
ron en cuenta las siguientes leyes: primeramente el Re-
glamento para la Constitución y Funcionamiento del Sis-
tema Nacional de Inversión Pública N° 34694-PLAN-H
del 2008, expone en el artículo 1 que el objetivo de la
regulación de este marco normativo es “(…) lograr una
utilización óptima de los recursos públicos para el cum-
plimiento de los objetivos estatales, apegado a los prin-
cipios de economía, eficiencia, eficacia, gradualidad y
calidad de la inversión”.
En el citado Reglamento, el artículo 2 define el Siste-
ma Nacional de Inversión Pública (de ahora en adelante
SNIP) como el grupo de normas, principios, métodos,
instrumentos y procedimientos; encargados de ordenar
el proceso de la inversión en la Administración Pública
Central y Descentralizada para llevar a cabo los proyec-
tos de inversión públicas más rentables y necesarios para
el país, considerando las áreas de desarrollo económico,
social y ambiental.
Se puede deducir que el SNIP consiste en un conjunto de
políticas para las entidades que hacen inversión pública
con la finalidad de evaluar y dar seguimiento a los pro-
yectos de inversión pública, en el marco de las políticas,
planes y programas de desarrollo. Este sistema es admi-
nistrado por el MIDEPLAN, quién será el órgano rector
encargado de “(…) la administración y ejecución de todas
las acciones pertinentes que posibiliten el correcto fun-
cionamiento del SNIP”; acorde a lo establecido en el artí-
culo 10 de este reglamento
En segundo lugar, la Ley de la Administración Financie-
das. Sin embargo, no se pudo realizar esta calificación porque no se contó con la información suficiente para valorarlas.
ra de la República y Presupuestos Públicos N° 8131 del
2001, expone en su artículo 1 que el ámbito de aplicación
de la Ley abarca al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo
y al Poder Judicial incluyendo sus dependencias; el Tri-
bunal Supremo de Elecciones, sus dependencias y órga-
nos auxiliares; los órganos descentralizados, las empresas
públicas del Estado, las universidades estatales, las mu-
nicipalidades y la Caja Costarricense del Seguro Social
(CCSS).
En el artículo 3 de la presente Ley, se establecen los al-
cances de la regulación, los cuales consisten en garantizar
la obtención y aplicación de los recursos públicos acorde
a los principios de economía, eficiencia y eficacia; el de-
sarrollo de sistemas que faciliten información oportuna y
confiable sobre el comportamiento financiero del sector
público nacional, como apoyo a los procesos de toma de
decisiones y evaluación de la gestión y la definición del
marco de responsabilidad de los participantes en los sis-
temas aquí regulados.
Asimismo, la Ley de Planificación Nacional N° 5525 de
1974 en su artículo 9 delega un rol preponderante al Mi-
nisterio de Planificación de Costa Rica en el marco de la
inversión pública, el cual de acuerdo a esta Ley consis-
tirá en: “(…) vigilar porque los programas de inversión
pública, incluidos los de las instituciones centralizadas y
demás organismos de derecho Público, sean compatibles
con las previsiones y orden de prioridad establecido en el
Plan Nacional de Desarrollo (PND)”.
En esta misma línea, la Ley anteriormente expuesta crea
esta entidad ministerial en 1973 como un “órgano asesor,
y de apoyo técnico a la Presidencia de la República y es
la instancia encargada de formular, coordinar, dar segui-
miento, evaluar las estrategias y prioridades del Gobier-
no; es decir, define la visión, metas de mediano y largo
plazo” (MIDEPLAN, 2020).
Para sintetizar lo manifestado en líneas anteriores, el MI-
DEPLAN según su misión institucional es el ente respon-
sable de orientar el desarrollo nacional y mejorar la ges-
tión pública a corto, mediano y largo plazo. En el marco
de este fin, coordina el SNIP y es el encargado de dar el
aval para la aprobación final de proyectos de inversión
pública para organismos públicos cuando estos proyectos
requieran financiamiento externo.
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Ahora bien, para el control y seguimiento de esta labor,
este Ministerio desarrolló el Banco de Proyectos de In-
versión Pública (BPIP), el cual reconoce dos tipos de
proyectos de inversión los que forman capital fijo y los
que no forman capital fijo. Cabe señalar que el Banco de
Proyectos de Inversión Pública (BPIP) consiste en:
(…) un componente del Sistema Nacional de Inversión
Pública (SNIP) y está constituido por todos los pro-
yectos de inversión pública, debidamente sistematiza-
dos que han elaborado las instituciones públicas como
parte del cumplimiento de sus funciones legalmente
establecidas, que se traducen en la programación ins-
titucional y en los procesos presupuestarios que son
parte del cumplimiento de las metas establecidas en
el Plan Nacional de Desarrollo (MIDEPLAN, 2019).
También cabe precisar que para que los proyectos de in-
versión alcancen los objetivos para los que fueron desa-
rrollados, el Ministerio de Planificación de Costa Rica
elaboró el documento denominado “Guía metodológica
general para la identificación, formulación y evaluación
de proyectos de inversión pública”, el cual se desarrolló
con el propósito de “(…) facilitar el proceso de la prein-
versión de proyectos de inversión pública, y así orientar
las tareas de las instituciones públicas en la elaboración
de los estudios de preinversión, partiendo desde la etapa
de perfil” (MIDEPLAN, 2010).
Es relevante destacar, que los principales recursos de fi-
nanciamiento utilizados por el Gobierno Costarricense
para financiar los gastos de capital (contemplando todos
los rubros relacionados con la inversión pública estratégi-
ca), tienen 2 orígenes: los recursos internos provenientes
del endeudamiento interno, recursos presupuestarios e
institucionales y los recursos externos provenientes del
financiamiento externo (empréstitos con entidades ban-
carias internacionales) y donaciones.
Para la obtención de estos fondos, se debe hacer un aná-
lisis previo de la disponibilidad de recursos y el costo
real de cada proyecto a través de “(...) una breve descrip-
ción de los términos y condiciones del financiamiento en
cuanto monto, plazo, tasas de interés, entre otros aspec-
tos” (MIDEPLAN, 2010, p. 14).
De acuerdo a un estudio realizado por Ortegón y Pacheco
llamado “Los sistemas nacionales de inversión pública
en Centroamérica: marco teórico y análisis comparativo
multivariado” en el año 2004, se identificó para Cos-
ta Rica que “(...) la asignación de recursos destinados a
Inversión Pública debe poseer un sustento metodológi-
co que faculte su identificación, ejecución y evaluación,
además de reflejar y corresponder directamente con el
Plan Nacional de Desarrollo” (p. 24); lo que implica un
Figura 2. Fuentes de financiamiento en materia de inversión pública. Fuente: Elaboración propia
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establecimiento claro de los objetivos y metas a alcanzar
a partir de la creación de esta inversión.
Sin embargo, como se indicó en párrafos anteriores, para
Costa Rica no existe una definición clara de los fines y
políticas que se pretenden alcanzar, el instrumento más
cercano para la comprensión de dichos fines es el Plan
Nacional de Desarrollo establecido por el Gobierno que
asuma el poder y es considerado por Ortegón y Pache-
co como el instrumento que “(...) señala la necesidad de
acrecentar la productividad del país, mejorar la redistri-
bución del ingreso y compatibilizar las iniciativas de in-
versión con las políticas más generales de cada sector”
(p. 24). Más adelante se explicará cómo estos objetivos se
vinculan con la cantidad de proyectos ejecutados por los
Ministerios analizados para esta investigación.
Con la finalidad de superar los obstáculos anteriores, Cos-
ta Rica ha desarrollado el Plan Nacional de Desarrollo y
de Inversión Pública (PNDIP) con la finalidad de robus-
tecer la capacidad estatal para la definición de objetivos,
establecimiento de prioridades, formulación de metas y
asignación de recursos para así dar seguimiento a planes,
políticas, programas o proyectos de inversión durante el
periodo 2019-2022
12
, al coadyuvar así a fijar el rumbo so-
bre nuestro país y contribuir al abordaje de los principales
desafíos de Costa Rica y sobre todo mejorar la prestación
de los bienes y servicios públicos a la ciudadanía.
El PNDIP abarca un diagnóstico general de las áreas es-
tratégicas de articulación presidencial, conformadas por
las intervenciones estratégicas, las cuales a su vez cons-
tan de objetivos y metas; donde los elementos se desa-
gregaron regionalmente según la disponibilidad de in-
formación. Entre las principales áreas de trabajo del plan
se encuentran las siguientes: empleo, educación, salud,
transporte, energía, telecomunicaciones, seguridad e in-
versión extranjera (MIDEPLAN, 2019).
La importancia de evaluar la dinámica de dichas áreas
en el contexto de inversión pública costarricense radi-
ca en la oportunidad que posee el Estado Costarricense
para mejorar las condiciones para la modernización de
infraestructura, la dinamización de la economía local, el
saneamiento de las finanzas públicas mediante la imple-
mentación de acciones eficaces orientadas a un gasto pú-
12 El dato explicado en este párrafo corresponde a un evento posterior a la investigación desarrollada, sin embargo, debido a
que el mismo se considera como una consecución positiva en materia de inversión pública para el país, se decidió incluirlo para dar a
conocer el trabajo actual del gobierno costarricense en esta temática.
blico equitativo que permita reducir los niveles de pobre-
za, desigualdad y desempleo y la lucha permanente en el
establecimiento de políticas que promuevan la protección
del medio ambiente (MIDEPLAN, 2019, p. 61)
Cabe destacar, que si bien es sabido que Costa Rica ocupa
el cuarto lugar en América Latina y el 38 a nivel mundial
(de acuerdo a las ponderaciones del Fondo Económico
Mundial) en el Índice de Competitividad, vinculado al tu-
rismo; existen limitaciones de gran magnitud que inciden
en la modernización del país las cuales son: un rezago en
materia de infraestructura del transporte y entorno macro-
económico, un alto nivel de desempleo el cual refleja una
limitación para la economía nacional hacia la generación
de oportunidades laborales para la población joven, un
alto rezago a nivel de innovación tecnológica y una re-
ducción de la inversión extranjera directa (IED) la cual
pasó del 6,2% del PIB en el año 2012 a un 5,3% del PIB
en el año 2017 (p. 121).
Esto conlleva a la identificación y atención de desafíos
para mejorar en materia de inversión pública, donde des-
tacatan los siguientes: aumento de la inversión en I&D
en al menos 1% del PIB, robustecer las condiciones que
faciliten la generación de mayores oportunidades de em-
pleo, mantener la revisión permanente de las políticas
públicas emitidas en dichas áreas; mitigar el impacto de
los obstáculos normativos y burocráticos que limiten la
correcta ejecución de dichas políticas y garantizar el res-
peto hacia los derechos de los trabajadores a través de la
fiscalización de las capacidades institucionales (p. 122).
Aunado a lo anterior, el MIDEPLAN acota que es nece-
saria la participación eficaz de todos los actores involu-
crados en dicha temática para orientar la gestión pública
hacia el alcance de las metas nacionales de inversión pú-
blica, y para lo cual se requiere contar con una sólida go-
bernanza y coordinación como un elemento fundamental
para la definición del trabajo articulado de los diferentes
actores involucrados (p. 81).
Datos relevantes de los Ministerios analizados pe-
riodo 2007-2017: Un análisis de proyecto de inver-
sión pública
En la base de datos consultada durante la investigación
(Banco de Proyectos de Inversión Pública) administrada
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por el MIDEPLAN, se logró estudiar las 11 instituciones
más relevantes, las cuales tuvieron una incidencia directa
e indirecta en materia de inversión pública estratégica. A
partir de los datos obtenidos se han identificado las si-
guientes evidencias:
Evidencia 1
El registro no indica toda la acción realizada en materia
de inversión pública, en vista de que no todo se encuentra
contabilizado en cuentas públicas, es necesario un ma-
yor seguimiento en el registro y medición de las partidas
presupuestarias relacionadas con los ingresos y gastos de
los proyectos de inversión pública. A partir de lo expues-
to, se observó que no hay integralidad en el registro de
proyectos de inversión pública ya que el BPIP no ofrece
un panorama completo sobre dichos proyectos; esto de-
bido a que las instituciones no se encuentran obligadas a
registrar la totalidad de los proyectos por la ausencia de
la normativa legal que garantice la obligatoriedad de la
publicación de estos datos.
Durante el análisis, se encontró que existen tres institu-
ciones para las cuales no se encuentran proyectos regis-
trados durante el periodo de estudio: el BCCR, COMEX
y MIDEPLAN, lo que evidencia la ausencia de datos que
permitan evaluar la inversión pública real llevada a cabo
por estas entidades, especialmente del último ministerio
mencionado el cual es el ente rector en esta temática.
Es necesario que se presente una mayor coordinación y
complementariedad en la inversión pública debido a que
actualmente no se está presentando esta coordinación in-
terinstitucional, la cual es muy importante debido a que
esta busca crear sinergias entre las distintas instancias o
actores involucrados optimizando el uso de recursos en
pro del cumplimiento de objetivos comunes. Asimismo,
el MICITT debe realizar esfuerzos en aras de integrar sus
funciones a las que ejecuta el MEIC, el MAG y el CO-
MEX.
En la práctica el órgano de promoción es el COMEX,
pero el órgano de gestión de inteligencia de capacidades
es el MICITT, quien es el encargado de impulsar las po-
13 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es una entidad internacional cuya misión es orien-
tar la formulación de políticas para mejorar la calidad de vida. Los parámetros de la OCDE constituyen una serie de elementos desde
los cuales se examinan distintas temáticas tales como: Ingresos, empleo, educación, salud y medio ambiente, comunidad y compromiso
cívico. http://www.oecd.org/centrodemexico/%C3%8Dndice%20para%20una%20Vida%20Mejor%20resumen_130529.pdf
14 Estos rubros son de gran relevancia, por ende deben ser utilizados de la mejor forma posible. Es necesario que Costa Rica
líticas para promover el proceso. Por tanto, se debe con-
tar con mejores instrumentos de evaluación en diferentes
áreas para alcanzar la modernización institucional. Esto
fundamenta el argumento de que el ente rector de inver-
sión pública debe contar con los instrumentos necesarios
por parte de la institucionalidad pública para ejercer su
función de evaluador en las distintas áreas, considerando
los parámetros de la OCDE en esta temática
13
.
Evidencia 2
Existen falencias en cuanto a la rendición de cuentas, de-
bido a la dificultad para determinar el costo real de los
proyectos en razón de que información de la ejecución
presupuestaria se presenta en términos agregados y no se
encuentra en forma detallada.
Frente a estas realidades expuestas el gobierno determinó
implementar acciones en ese sentido, como por ejemplo
elaborar un Plan Nacional de Inversión Pública por pri-
mera vez, lo cual constituye un esfuerzo importante. Sin
embargo, en esta misma línea se sintetiza que hacen falta
mejores instrumentos e indicadores, así como contar con
un modelo econométrico, de evaluación y seguimiento;
sin embargo, para la investigación no se consideró esta
dimensión debido a que no es parte del análisis que se
realizó para hacer un corte en cierto momento.
Evidencia 3
Se constata que para el caso del MEIC y el MINAE, no
ha habido una adecuada continuidad de los proyectos de
inversión pública debido a que gran parte de sus proyec-
tos fueron eliminados o cancelados, limitando el análisis
a profundidad de los logros y deficiencias surgidos a par-
tir de la implementación de los proyectos ejecutados por
dichos ministerios.
Evidencia 4
A partir del análisis realizado se desprende que el finan-
ciamiento para los proyectos de inversión pública provie-
nen de dos fuentes
14
: los recursos internos obtenidos del
presupuesto nacional (aporte de gobierno local, donacio-
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nes, empresa privada o recursos propios); y los recursos
externos que se obtienen a partir del financiamiento o
alianzas con entes internacionales. En esta misma línea,
los proyectos de inversión pública llevados a cabo entre
el año 2007 y el año 2017 fueron financiados con un 73%
de recursos internos; mientras que el financiamiento ex-
terno representó un 27% de dicha inversión, tal y como se
muestra en el siguiente gráfico:
Gráfico 7. Porcentaje de financiamiento interno y externo pe-
riodo 2007 – 2017. Fuente: Elaboración propia
Evidencia 5
Un punto innovador a destacar es la utilización de las
Tecnologías de la Información (TICS) en los procesos
de enseñanza a nivel nacional, por parte del MEP y del
MICITT; en proyectos como, por ejemplo: “Centros de
Recursos para el Aprendizaje” el cual busca la moder-
nización de las bibliotecas escolares constituyéndose en
un espacio educativo donde mediante las tecnologías de
información se facilite el proceso de aprendizaje de los
estudiantes. Asimismo, el proyecto “Acceso Universal
para un Mundo sin Fronteras”, se enfoca en reducir las
brechas de acceso a la tecnología promoviendo el desa-
rrollo humano a poblaciones con capacidades especiales,
mediante el empleo de nuevas tecnologías de comunica-
ción e información. Sin embargo, es necesario darle un
mayor protagonismo al uso de las TICS en el país, es muy
importante que se le preste una mayor atención a la inver-
sión en ciencia y tecnología, los centros de pensamiento
en esa área, los centros tecnológicos, así como darle una
mayor capacidad de recursos al área de ciencia y tecno-
logía para brindar el apoyo a las empresas grandes, PY-
MES, MYPYMES de forma que ayude a un encadena-
canalice adecuadamente los recursos con finalidad estratégica y prioritaria o bien para atender alguna contingencia que se presente a
mediano o largo plazo.
miento de la economía y de las empresas.
Evidencia 6
En cuanto a la cantidad de proyectos por institución du-
rante el periodo de estudio, se desprende que el MOPT es
la institución que ha presentado un mayor protagonismo
en la implementación de proyectos de inversión pública;
mientras que las instituciones que han presentado la me-
nor cantidad de proyectos son el RREE y el MEIC, como
se puede apreciar en el siguiente gráfico:
Gráfico 8. Total de proyectos de inversión pública ejecutados
por Ministerio período 2007 - 2017. Fuente: Elaboración pro-
pia
Como se puede apreciar en el gráfico anterior, el Minis-
terio de Hacienda cuenta con 12 proyectos estratégicos,
dichos proyectos se concentraron más en el área de in-
versión y política. De igual manera se dio énfasis en el
tema financiero, monetario y supervisión financiera.
Cabe señalar que Hacienda no ejecutó recursos para sus
propósitos sino en alquileres, temas de aduanas, y mante-
nimiento de sistemas y equipos informáticos. Con respec-
to a los proyectos del MAG existe una pequeña cantidad
de proyectos, a pesar de que hubo una fuerte asignación
de recursos presupuestarios. Asimismo, el MEIC y el
RREE presentaron la menor cantidad de proyectos re-
gistrados; siendo destacable que el MEP es la institución
que presentó el mayor monto de presupuesto asignado de
todas las instituciones analizadas, pero no presenta tantos
proyectos en comparación con el MOPT que es la institu-
ción que registró la mayor cantidad de proyectos, a pesar
que contó con un menor presupuesto que el del MEP.
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Los hallazgos expuestos revelan la necesidad del Gobier-
no de Costa Rica de promover una gestión pública, que
permita el registro y aporte de información sustantiva y
oportuna, la cual faculte, en conjunto con instrumentos de
evaluación, al seguimiento de la inversión pública en el
país, en aras de cimentar las bases para la existencia del
bienestar general, competitividad y productividad nacio-
nal que el país demanda para las generaciones presente y
futuras.
V. Conclusiones
El Estado debe responder a los requerimientos del país en
materia de inversión pública, por medio de una correcta
regulación de los entes públicos y privados vinculados
con la finalidad de fortalecer la producción, competitivi-
dad y bienestar general, de conformidad con la selectivi-
dad estructural. Uno de los principios de la selectividad
estratégica del Estado planteados por Poulantzas (como
se citó en González, 2017) acota lo siguiente: “(…) El Es-
tado interviene con su relación y sus efectos en todas las
relaciones de poder a fin de asignarles una pertenencia de
clase y de situarlas en la trama de los poderes de clase”,
lo que le permite hacerse cargo de los poderes heterogé-
neos que puedan colaborar como enlace de poder de los
actores dominantes (p. 2).
En este sentido, la función de vital relevancia del Estado
está determinada de acuerdo a Schick (2009) en la provi-
sión de servicios a los ciudadanos, permitiéndole al Es-
tado velar por la calidad de vida de estos fomentando el
progreso económico y social del país; y otorgándole un
rol preponderante como facilitador de la mayoría de los
servicios públicos (p. 7). Lo acotado por el autor, favore-
cerá la renovación de la calidad de la inversión pública
en áreas estratégicas fundamentales, como por ejemplo
salud, educación, vivienda e infraestructura; lo que faci-
lita la creación de condiciones para el desarrollo como
lo argumenta Schumpeter (como se citó en Mungaray y
Palacio, s.f.): “El desarrollo, por su parte, se asocia a los
efectos tecnológicos y sociales de la innovación y a la
disponibilidad de medios de pago transferibles a los em-
presarios para que el desarrollo ocurra” (p. 1086).
Es necesario mejorar el manejo de las estrategias de inver-
sión pública de Costa Rica, el país tiene que redireccionar
los instrumentos existentes a los parámetros de OCDE,
acompañado de la creación de un parámetro nacional de
consenso sobre inversión pública. Por consiguiente, se
necesita contar con un modelo de seguimiento y continui-
dad entre los ministerios por medio de Gobierno Digital.
Dichas acciones permitirán que el Estado Costarricen-
se responda a los requerimientos del país mediante la
inversión pública, cumpliendo con su rol de proveedor.
Desde esta perspectiva, Schick (2009) acota que “El Esta-
do (...) es todavía el proveedor o financiador de la mayor
parte de los servicios públicos” (p. 23), reforzando lo ar-
gumentado en líneas anteriores sobre el deber y oportuni-
dad que el Estado posee para cumplir con sus funciones.
La competencia del Gobierno Central y del Estado en esta
materia es contar con políticas más innovadoras y de ma-
yor capacidad de apalancamiento, junto con la existencia
de políticas más actuales. Se deben crear posibilidades
de innovación para avanzar y lograr el impulso que le
permita a Costa Rica dar un salto en la inserción de nece-
sidades tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
Al respecto Schumpeter (como se citó en Alburquerque,
2008), manifiesta que “(...) el modo en que aparecen las
innovaciones y que son absorbidas por el sistema econó-
mico es suficiente para explicar las continuas revolucio-
nes económicas que son la característica principal de la
historia económica” (p. 1), lo que refuerza la importancia
de la inserción de nuevas técnicas productivas como un
aspecto fundamental en la evolución económica (p. 3).
Es preciso subrayar que el concepto de inversión pública
presente en la normativa costarricense no es completo,
ya que el mismo no abarca en forma global el término
de inversión pública estratégica, es decir, se expone la
inversión pública desde un enfoque micro o específico
y no profundiza la medición de las dimensiones macro
del mismo. Este último concepto va más allá de lo in-
dicado en la normativa, por lo que su aplicación no se
da de forma homologada en los ministerios evaluados, y
se considera necesario el replanteamiento o actualización
del mismo.
Ejemplo de esto, es que se considera insuficiente el re-
gistro actual de proyectos de Inversión Pública presente
en el BPIP, el cual no obliga a las instituciones públicas
inscritas en esta base de datos a registrar todos los pro-
yectos que han ejecutado, sino sólo aquellos que serían
financiados con deuda externa. De esta forma, se perju-
dica la comprensión del uso real del gasto de capital para
los proyectos de esta índole y la correcta contabilización
de las partidas presupuestarias, ya que no se clasifican
los mismos en partidas de inversión real y en partidas de
inversión pública estratégica de forma separada.
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El hacer un equilibrio entre inversión pública estratégica
y gastos corrientes es fundamental dentro de las priorida-
des de un Estado en esta época. De igual manera hay que
hacer un esfuerzo para paulatinamente activar lo que se
podría llamar dentro de esa inversión pública estratégica
los aceleradores financieros y económicos que ayuden a
construir una nueva matriz económica de mayor nivel de
impacto sobre el conjunto de la sociedad y en relación
con el mercado nacional e internacional.
En lo que respecta a las capacidades del sector público,
deben contemplar 4 herramientas necesarias para la co-
rrecta ejecución de proyectos de inversión pública: la
existencia de una adecuada política económica, un sis-
tema fiscal eficiente, un sistema bancario equilibrado y
la definición de una oportuna política de inversión pú-
blica estratégica. Dichas herramientas son fundamentales
para fortalecer el desarrollo nacional que requiere de un
cambio sustancial tanto en la definición de políticas como
en las decisiones tomadas por los gobiernos de turno. Al
no haber una estrategia general, que forme parte de las
acciones y decisiones que toman los ministerios del Go-
bierno Central costarricense, se impide la existencia de
políticas de inversión pública claramente definidas.
Actualmente la categorización existente es muy simple,
por lo tanto, es necesario que se cuente con una clasifica-
ción más amplia, es decir, que se plantee una categoriza-
ción que incluyan tipologías de orden económico, social
y político. Esta última tipología debe enfocarse en temas
de bienestar, de movilidad social y fortalecimiento de la
democracia, a favor del sector social en su totalidad, sin
hacer exclusiones que favorezcan a ciertos grupos privi-
legiados.
Esto ha conllevado a que, en el ámbito institucional anali-
zado, no exista una relación sistemática entre la informa-
ción de inversión pública almacenada por el Ministerio
de Planificación y Hacienda de Costa Rica; siendo nece-
saria la colaboración del Banco Central para la revisión
adecuada de las cuentas de ingresos y gastos de inversión
pública llevada a cabo por los ministerios evaluados, para
el posterior análisis de resultados a través de la creación
de cuentas públicas de inversión pública de acceso uni-
versal.
A partir de lo anterior, es necesario ligar políticas públi-
cas, estrategia de desarrollo y Plan Nacional de Desa-
rrollo y contar con equipos especializados dedicados al
manejo de la inversión pública en las áreas correspon-
dientes. El BID señala que es necesario contar con la
idea del proyecto a ejecutar, para posteriormente poner
en marcha su implantación y evaluación, siendo preciso
que el gobierno costarricense mejore la parte técnica con
el BCCR, MH, MIDEPLAN y el órgano competente del
área correspondiente.
También, se identificó que no hay una herramienta que
permita medir los obstáculos, riesgos, resultados y pro-
cesos de los proyectos de inversión pública costarricense,
por lo que es necesario aplicar el enfoque de Gestión para
resultados en el Desarrollo, de forma que exista una rela-
ción directa entre los resultados deseados y la planifica-
ción estratégica. Sólo de esta manera podría estar acorde
a las necesidades sociales.
La importancia de la existencia de una planificación gu-
bernamental robusta, radica en que los gobiernos tienen la
posibilidad de identificar y formular con mayor precisión
los proyectos de inversión pública que el país requiere, en
complemento con la aplicación de indicadores sencillos y
precisos para su medición y controlar su implementación.
Cabe resaltar que actualmente no se cuenta con indicado-
res que permitan medir el volumen de inversión pública
necesaria y la planificación estratégica, siendo esta otra
razón para mejorar la priorización y formulación de pro-
yectos de inversión pública estratégica en Costa Rica. Las
autoridades administrativas deben tener las herramientas
conceptuales y operacionales para elevar la propuesta de
proyectos estratégicos y la facilidad para obtener resulta-
dos de indicadores de gestión adecuados para canalizar la
información pertinente a los tomadores de decisiones en
torno de prioridades y presupuesto.
Por lo tanto, es indispensable que cada institución públi-
ca costarricense considere la elaboración de un programa
institucional enfocado en la inversión pública estratégica,
con la finalidad de definir las prioridades de inversión a
largo plazo, a partir de la normativa vigente en esta temá-
tica y contando con el visto bueno del MIDEPLAN para
la ejecución de los proyectos, a partir de la disponibili-
dad de recursos, lo que a su vez promovería contar con
instrumentos de planificación en la materia y con ello el
seguimiento y la evaluación correspondiente.
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